¿Has visto a…? Astudillo sin interés en sistema para identificar personas fallecidas

Por eso en centros forenses crece la cifra de cadáveres sin identificar. Hasta julio pasado había 921. Los restos de Bonifacio estuvieron tres años y seis meses en un Semefo mientras su madre lo buscaba. En un área clave de este sistema Astudillo nombró a alguien sin experiencia, al hijo de su secretario privado.


 

Texto: Margena de la O

Fotografía: Jesús Eduardo Guerrero / Archivo

21 de octubre del 2019

 

  Chilapa

 

Cuando Bonifacio Ramírez Hermenegildo salió de casa avisó que volvería entre las dos y tres de la tarde. Era el 25 de diciembre del 2014 de la mañana, en Alpoyeca, un pueblo del municipio de Atlixtac, de la región Montaña de Guerrero. El plan del hombre de 34 años era viajar a la cabecera municipal de Chilapa y vender los cinco costales de tomate verde que él mismo sembró, y después volver. Sólo cumplió con la mitad de su plan.

 

La última vez que lo vieron fue cerca de la tienda Chedraui, un lugar de Chilapa que se llena de comerciantes y transporte de los pueblos cercanos. El transportista que les dio las referencias contó que le preguntó a Bonifacio si se regresaba al pueblo en su camioneta pasajera, pero contestó que no, que esperaría un rato más.

 

“Tuve esperando pero no volvió”, dice Alejandra Hermenegildo, su madre. La mujer se refiere a que ya no vio a Bonifacio con vida. El 15 de junio del 2018, casi cuatro años después de su desaparición, las autoridades estatales lo regresaron muerto a su familia.

 

Era un viernes el día que recibió el cadáver de su hijo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo. “Cuando me avisaron lo acepté, lo tuve que recibir. Me dieron una caja grande y me fue a dejar la carroza (a Alpoyeca). Lo recibí. Al llegar a mi casa ya había gente. Lo sepultamos. Ya no lo vi. (…) Me hicieron los estudios y dicen que sí, es mi hijo”, cuenta Alejandra.  

 

*  *  *

Si el gobierno de Guerrero tuviera un sistema de identificación de personas fallecidas funcional, o si al menos lo tuviera, Alejandra Hermenegildo no hubiera esperado que miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaran que Bonifacio estaba muerto. El cadáver de su hijo estuvo tres años y seis meses alojado en uno de los tres centros forenses del estado.

 

Guadalupe Rodríguez Narciso, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, tiene bien claro que desde el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores poco han hecho porque exista ese sistema.

 

Hay un avance, pero para la activista es resultado del peregrinar de los familiares de personas desaparecidas y asesinadas en Guerrero, quienes, en el deber ser, esperarían a que sus parientes los localizara e identificara personal de gobierno. En su lugar, ellos asumen roles desde abogados hasta investigadores.

 

Muchos de los familiares de desaparecidos y asesinados son integrantes de colectivos que buscan a sus consanguíneos vivos en penales o muertos en fosas clandestinas, se capacitan para conocer el procedimiento legal y saber qué exigir a las instituciones y cuáles son sus derechos como víctimas.

 

“Aquí en el estado de Guerrero no se ha trabajado en nada, tan es así que han permanecido cuerpos en los semefos que no se saben de quién son, porque, primero, no tienen el archivo básico que cuente con todos los elementos y características del cuerpo, y segundo, porque a la familia no le han tomado el cuestionario”, dice Guadalupe Rodríguez, quien es madre de Josué Molina Rodríguez, de 30 años, desaparecido el 4 de junio del 2014, en Chilpancingo.

 

En estos cinco años de búsqueda de su hijo Guadalupe Rodríguez aprendió que la aplicación de cuestionarios y pruebas genéticas a familiares son fundamentales para la identificación.

 

El expediente o carpeta básica es la agrupación de toda la documentación oficial que tiene que ver con los cadáveres que llegan al Semefo, como el oficio de levantamiento (orden del Ministerio Público), cadena de custodia (secuencia de evidencias del caso), y dictámenes de necropsia, dactiloscopia, odontología, antropología, criminalística y de genética forense.

 

Con toda esta información, responsabilidad de la Dirección General del Semefo, se integra el cuestionario Post Mortem, una pieza fundamental de los protocolos de identificación de personas fallecidas.

 

Tomar las muestras y hacer las pruebas genéticas de familiares de personas desaparecidas o asesinadas le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE). También aplicarles el cuestionario Ante Mortem, donde los familiares ofrecen todos los detalles físicos, óseos y dentales de sus desaparecidos.

 

Estas dos piezas sirven para confrontar datos e identificar personas fallecidas.

 

El avance logrado en Guerrero en materia de identificación, al que se refiere Guadalupe Rodríguez, es el convenio que pactó el gobierno del estado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en agosto del 2018, en Acapulco, donde quedó establecido que destinarían de manera conjunta 20 millones de pesos para el proyecto de búsqueda e identificación de cadáveres con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

Desde ese momento, Arturo Gerardo Cervantes Arronis, asesor forense del Comité, dijo que coadyuvarían en recopilar información dental, médica, antropológica, criminalística y genética, como parte del protocolo denominado Archivo Básico con Fines de Identificación.

 

En ese procedimiento se incluyen responsabilidades de la FGE y la Secretaría de Salud. La primera, a través de la Coordinación General de Servicios Periciales y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, y la segunda, con el Semefo.

 

El proyecto de búsqueda e identificación se pensó para los 751 cadáveres que en agosto de 2018 había alojados en los centros forenses, ubicados en Chilpancingo, Acapulco e Iguala. Este año hay más. Hasta julio, según los números de la Dirección General del Semefo, sumaban 921 cadáveres.

 

Un comunicado de la FGE, difundido el 25 de abril del 2019, establece que esta dependencia tiene entre sus responsabilidades aplicar el cuestionario Ante Mortem.

 

Es justo en esta fase donde, de acuerdo con los dirigentes de colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas, se hace el cuello de botella.

 

Guadalupe Rodríguez lo resume de la siguiente manera: “Estamos en pañales, no hay avances”. Reconoce que a la mayoría de los más de 90 casos que documentan y dan seguimiento, que se traduce en unos 800 miembros del colectivo, ya les aplicaron su cuestionario, pero faltan. “Ayer (15 de octubre) regresaron a un señora que porque no hay personal para levantar ese cuestionario”, expone.

 

Sandra Luz Román Jaimes, integrante del colectivo Madres Igualtecas, tiene la seguridad de que la FGE nunca ha llamado a las 183 familias que coordina para aplicarles ese cuestionario.

 

El sistema de identificación no podría iniciar sin antes concluir la integración de los expedientes básicos y los cuestionarios.

 

El director general del Semefo en Guerrero, Ben Yehuda Martínez Villa, en una primera valoración considera que se debe a que las familias no se acercan a la FGE a hacerse sus pruebas genéticas. “Hay familias que no se han acercado, porque ya no les interesa o desconozco realmente por qué no han ido a la Fiscalía a tomarse estos datos para que podamos tener una confronta”, comenta.

 

Guadalupe Rodríguez, sin saber la apreciación del funcionario, comparte que muchos de los familiares desconocen cuál es el procedimiento que deben seguir para exigir la búsqueda e identificación de sus parientes, porque cuando presentan sus denuncias en los ministerios públicos nunca les informan los pasos a seguir.

 

Ella coordina un colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados, y es con el acercamiento a otras organizaciones cómo se ha informado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, trabaja desde hace casi dos años directo con las víctimas para que conozcan cuál es el procedimiento para la identificación de los cadáveres.

 

Es la manera cómo Guadalupe Rodríguez se enteró que un sistema de identificación funcional es aquel que confronta los expedientes básicos de los cadáveres con cuestionarios aplicados a familiares.

 

“El Comité Internacional de la Cruz Roja interviene porque el gobierno se declara incompetente en esa materia de desaparición, por la magnitud de cuerpos que tienen los semefos”, señala.

 

*  *  *

Mi compadre Margarito me lo advirtió: ‘Me vas a conocer, comadre, quien soy. Después vas a andar chillando’. Eso me dijo en su casa de Huitzacotla, un pueblo también de Atlixtac. Esa vez me recomendó que aconsejara a mi hijo con irse lejos.

 

Mi compadre estaba enojado porque su hija parió una niña de Bonifacio. Ese hombre es un cabrón. Decía que tenía amigos en Filo de Caballos, uno de los pueblos de la Sierra, municipio de Leonardo Bravo, donde han pasado muchas cosas violentas.

 

Cuando llegué a la casa le dije a Bonifacio: mi’jo, vete a trabajar, mi compadre dice que te va desaparecer, asesinar o en el menor de los casos, acusar de violación. Él me contestó: mamá, yo no le hago nada a su hija, ¿por qué me va a hacer esas cosas?

 

Mi hijo asumió la advertencia y se fue a Michoacán a trabajar, pero la hija de mi compadre le habló y le dijo: ‘vente Bonifacio, mi papá no te va a desaparecer’. Volvió una semana después. A lo mejor mi compadre y su hija se pusieron de acuerdo.

 

Seis meses después mi hijo desapareció.

 

Bonifacio era un muchacho bueno. Tal vez se enamoró.

 

Sí anduve llorando buscando a mi hijo. Mi compadre me lo dijo.

 

*  *  *

El 6 de enero del 2015 policías municipales de Chilapa encontraron fosas clandestinas en un paraje de Tepehuixco, de donde peritos de la FGE sacaron 10 cadáveres completos y 11 cabezas más. Entre esos cadáveres estaba el de Bonifacio. Habían transcurrido 12 días de su desaparición.

 

No había manera de que Alejandra se enterara pronto del hallazgo del cadáver de su hijo. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público meses después de la desaparición de Bonifacio hasta que superó el miedo a su compadre. Pero sí debió saberlo cuando puso la denuncia que el cadáver de su hijo estaba en el Semefo de Chilpancingo. Eso, claro, si funcionara el sistema de identificación de cadáveres.

 

Alejandra todavía subió el 12 mayo del 2016 a los cerros de Tepehuixco a buscar a Bonifacio. Ese día Mario Vergara y Simón Carranza, integrantes entonces de la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, guiaron a gente de la parte baja de la Montaña a ubicar fosas clandestinas en Loma Larga.

 

Ese par de hombres, también familiares de desaparecidos, se habían convertido en guías entre los colectivos de desaparecidos de todo el país, de algún modo, para suplir a las instituciones. Pocos días antes encabezaron una búsqueda en Veracruz y encontraron 15 fosas clandestinas con cadáveres.

 

En el cerro Loma Larga de Chilapa, Simón y Mario hallaron dos fosas clandestinas con restos humanos en menos de una hora. Estaban a una distancia muy corta de las fosas descubiertas el año anterior.

 

Alejandra dejó de remover tierra porque un presentimiento la invadió cuando ubicaron la segunda fosa, la misma en la que un año antes, el 6 de enero del 2016, policías municipales de Chilapa hallaron el cadáver de su hijo. “Yo dije: ¡Ay dios mío, siento que aquí mi hijo estaba enterrado! Lo siento”, recuerda que exclamó.

 

Varios meses después de su denuncia y muchos más de que peritos desenterraron el cuerpo de su hijo, personal de gobierno le enseñó en una pantalla imágenes de un cadáver con la cara ennegrecida por lo descompuesto. Le preguntaron si era Bonifacio.

 

Tuvo más dudas que certezas de que se tratara de él. Entre las certezas una chamarra, una camisa y un reloj parecidos a los que llevaba Bonifacio el día que lo desaparecieron.

 

El director del Semefo se rehusa a aceptar que se demoraron casi cuatros años para identificar a Bonifacio. Sí dos años, pero no cuatro. También acepta que pudo tratarse de falta de confianza de los familiares a las instituciones.

 

Explica que por la saturación en los semefos sacan los cadáveres al azar para tomar las muestras. A los restos de Bonifacio les tocó a los dos años de que lo desenterraron de la fosa clandestina. Se demoró más en este caso porque los familiares no aceptaban la prueba, afirma.

 

El Centro Morelos, una organización que tiene base en Chilapa, acompaña a familias de unas 100 personas desaparecidas en municipios de la zona baja de la Montaña. En 2016 esta organización pidió la colaboración de peritos forenses argentinos para que realizaran pruebas genéticas a los cadáveres hallados en esta región y que estaban alojados en los centros forenses locales.

 

Según Manuel Olivares, uno de los coordinadores del Centro Morelos, la solicitud a los peritos forenses la sugirieron los familiares por la inacción de las instituciones locales en las investigaciones forenses. Desde entonces, los peritos argentinos han confirmado la identidad de nueve cadáveres.

 

Para el director del Semefo los peritos argentinos sólo ratificaron lo que él confirmó a las familias desde un año antes, pero fue la manera en que Alejandra confió en llevarse el cadáver de Bonifacio.

 

*  *  *

En Guerrero no existe un proceso de identificación de personas fallecidas, acepta el director general del Semefo, pero menciona que están en el proceso, aunque a paso lento. “Todavía estamos en una etapa de las carpetas básicas, todavía no llegamos a este proceso de identificación. Se han ido identificando lentamente a algunos, pero la etapa de identificación no la hemos iniciado”, acepta.

 

Algunos argumentos con los que intenta contrarrestar la falta de ese sistema es que hasta esta administración estatal, que inició en 2015, comenzaron a aplicar los protocolos de identificación. “Nos obligaron a hacer identificación”, dice y sin pretenderlo conecta con el caso la estadística elevada de asesinatos que atiborran los centros forenses y la exigencia de respuesta de los colectivos de familiares desaparecidos y asesinados.

 

El acuerdo firmado entre la CEAV y el gobierno de Guerrero, con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, es lo que arrancó, todavía sin operatividad, un sistema de identificación.

 

En este momento cobra sentido la afirmación de Guadalupe Rodríguez de que en Guerrero todavía se está en pañales en el tema, aunque es urgente por la sistemática desaparición de personas en el estado.

 

Martínez Villa lo confirma cuando cita los números de cadáveres alojados en los centros forenses hasta julio del 2019: Panteón Estatal Ministerial, 350. Osteoteca del Servicio Médico Forense, 139. Cámaras de refrigeración, 432 cadáveres: Chilpancingo 130, Acapulco 231, Iguala 71.

 

Si el protocolo interno del Semefo indica que un cadáver llega hasta el Panteón Estatal Ministerial y la osteoteca sólo si se integraron sus carpetas básicas, entonces los números indican que sólo han integrado los expedientes, necesarios para su identificación, de 489 cadáveres. Es decir, de la mitad de los cuerpos.

 

En todo caso, si el Semefo tuviera los expedientes de los 921 cadáveres que están en sus centros, todavía faltan los cuestionarios que debe aplicar la FGE a los familiares para concretar las confrontas, y es en esa fase donde los colectivos se quejan de que se anuda el hilo.

 

El director general del Semefo afirma que ellos cuentan con la carpeta básica de 489 cadáveres pero no tienen con qué cotejar esa información, y no sabe sí eso sea responsabilidad de la familia víctima o de la Fiscalía.

 

Se buscó a través de los colectivos tener contacto con las áreas de Servicios Periciales y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas para que respondieran sobre su avance en los cuestionarios, pero no se logró.

 

Quizá sirva decir que el coordinador general de Servicios Periciales, Pedro Antonio Ocampo Lara, es señalado por trabajadores de la Fiscalía de no tener experiencia. De acuerdo con estas denuncias públicas en algunos medios desde el año pasado, fue asignado en el cargo en 2018 recién egresado de una escuela particular de Chilpancingo.

 

El encargado de Servicios Periciales es hijo de Pedro Ocampo Solís, quien fuera secretario privado del gobernador Héctor Astudillo, hasta el pasado 31 de enero.  

 

Martínez Villa analiza que otra causa por la que aún no consiguen llegar al proceso de identificación tiene que ver con la falta de personal en el Semefo y en la Fiscalía para esas tareas. Dijo que la dependencia investigadora sólo cuenta con dos antropólogos.

 

Con los 20 millones de pesos del convenio, a decir de Guadalupe Rodríguez, se contrató a un grupo de peritos que coordina la Cruz Roja para instaurar el sistema de identificación, quienes dejaron de laborar por un tiempo porque el gobierno del estado les dejó de pagar. Este presupuesto, según la información pública del convenio, debió de invertirse para la compra de equipo forense.

 

El director del Semefo también hizo algunas precisiones sobre el tema: en total contrataron 20 peritos y la colaboración con Cruz Roja la cerraban en septiembre pasado. Antes, debían construir las bases del sistema de identificación de personas fallecidas en Guerrero, pero para eso todavía hay una gran distancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este reportaje fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.